Tándem

Por Adriana Arista Zerga
arista@tandem.pe

En el año 1985 se promulgó la Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación-Ley N° 24047, la cual estuvo en vigor hasta el año 2004 en que es reemplazada por la Ley N° 28296. La Ley de 1985 era una ley con carencias jurídicas muy grandes y permitía el uso y abuso del patrimonio cultural. Dentro de los grandes vacíos está la ausencia de un Reglamento que regulara la Ley y una clara omisión al espíritu de la Constitución de 1979 en la cual el patrimonio cultural, tanto materia como inmaterial, tuvo una gran relevancia.

Uno de los artículos que causaba mayor impresión en la citada Ley 24047 era el artículo N° 13 relativo a la salida de los bienes culturales. La Ley establecía, en concordancia con lo previsto en la Convención UNESCO de 1970, que los bienes muebles del Patrimonio Cultural de la Nación saldrían del país con una autorización previa que era otorgada mediante Resolución Suprema, dicha salida procedería cuando los fines sean  los siguientes:

1. Exhibiciones de carácter científico, artístico y cultural; como fue el caso de la muestra del Señor de Sipán que recorrió Estados Unidos y la Dama de Ampato que recorrió el Japón.
2. Para estudios o trabajos de restauración especializada; como los que se realizó a las piezas descubiertas en la Tumba del Señor de Sipán que fueron llevadas a Alemania para su restauración.

Estos bienes deberían contar con pólizas de seguro contra todo riesgo a favor del Estado y la salida no era mayor a un año, aunque podía ser prorrogable a dos. Hasta este momento no había nada extraño en la legislación puesto que estaba mas o menos enmarcada en lo que otros países disponían. El problema se originaba con los otros dos presupuestos de salida del país de bienes muebles:

1. Objetos que tienen la certificación de ser bienes culturales, y que salen con destino a Embajadas del Perú o museos en el exterior;
2. Objetos que salen como donaciones del Estado a otros Estados amigos, como expresiones de amistad, gratitud o valoración en el exterior del Patrimonio Cultural Peruano.

Si bien debían haber contado con la Resolución Suprema que permita su salida no tenían la obligación de contar con un seguro, ni tampoco existía un plazo establecido para su permanencia en el extranjero, siendo este artículo una muestra clara que muchas veces la propia ley origina la desprotección del patrimonio cultural. Centrémonos en el numeral dos Donaciones del estado a Estados amigos: desconociendo el carácter público de los bienes culturales y dejando de lado la función social de los mismos se dejaba en manos del Presidente de la República el decidir el destino de un bien cultural que formaba parte del patrimonio de la Nación.

En ninguna legislación extranjera existía una disposición de este tipo, se podría decir entonces que, a parte de ser un país muy “amistoso”, éramos uno de los pocos, si no los únicos, en el mundo donde existía una norma que otorgaba facultades a un mandatario para que disponga la salida de un bien cultural.

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